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La imagen fue capturada por Esther Padilla

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La dinámica de las drogas en México y España. Diferencias de peso

Francisco Piña Osuna*

Las comparaciones suelen ser un ejercicio en el que una de las partes suele quedar irremediablemente en desventaja. Sin embargo, muchas de las veces pueden ser ejercicios que proveen razonamientos útiles y confrontativos de nuestra realidad. Con respecto al tráfico de drogas, un ejercicio comparativo entre México y España quizá facilitaría algún punto en común, aunque como veremos lo que se rescata mayormente de esto son las brechas existentes en las condiciones de sus problemáticas y en las estrategias para abordar el fenómeno.

Como es común, la manía de quien investiga se ubica en cuantificar, así que empecemos por hacerlo con la problemática de drogas en ambos países, insisto, no para buscar similitudes, sino para ubicar a cada quien en su respectivo lugar. En México, solo en el año 2015, la Secretaria de la Defensa Nacional comunicaba decomisos por un total de 1,142,663 kilogramos de marihuana (45 por ciento más que en 2014), de cocaína por 5,643 kilogramos decomisados (4 veces más que al año anterior), heroína 366 kilogramos decomisados (25 por ciento más que en 2014) y 19,273 kilogramos de metanfetamina.

Viremos a España, donde datos publicados por el Ministerio del Interior, señalan que en el mismo año se decomisaron un total de 325,562 kilogramos de marihuana, así como total de 20,754 kilos, de cocaína y 229 kilogramos de heroína. Aunque las cifras distan, el énfasis que los órganos de justicia imprimen al ataque en las sustancias guarda cierta consistencia, en ambos países la marihuana es la mayor decomisada.

Ahora, según la Procuraduría General de la República en México, en 2015 fueron perpetrados un total de 6,365 delitos por drogas, solo del fuero federal, donde los delitos de posesión ilegal siguen liderando con más de 4,000 ocurrencias de este tipo (es ahí donde regularmente viene la trampa de la estadística, pues se espera que por delitos de drogas hablemos de tráfico de las mismas, cuando en la mayoría de los casos no es así).

Por su parte, en 2015 la Secretaría de Estado de Seguridad en España, a través del Ministerio Interior, contabilizaba 2,878 delitos relacionados con drogas. Algo menos de la mitad del total de delitos que se presenta en México, aunque estamos hablando también de un país que tiene solo una tercera parte de la población total que existe en la República mexicana, ahí es donde la condición se empieza a complicar para el caso español.

La diferencia de proporciones entre ambos países dificulta la comparación de las condiciones entre ambos países, aunque si da una idea de la proporción de su problemática, sobre todo en el impacto que empiezan a tener los delitos de tráfico de droga en España, específicamente el caso de la marihuana. En el año de 2015, se suscitó en España un hecho nunca antes visto ni en este país, ni en ningún otro en la historia de la Unión Europea, un buen día la nación se escandalizaba ante la mayor plantación de marihuana documentada en la historia de todo Europa, plantación situada en la ciudad de Murcia, España, municipio al  sur de la nación: un total de 14 mil plantas de marihuana sembradas en el interior de un invernadero, lo cual representaban 3000 kilogramos de  hierba. Mismos 3000 kilogramos de hierba que en México pueden ser detectadas y erradicadas por cualquier grupo del ejército en una jornada común, pero insisto, estamos hablando de un país de consumo frente a un país de producción.

A pesar de la diferencia de proporciones en cuanto a producción e impacto en ambos países, las condiciones de quienes llevan a cabo la actividad no distan mucho de ambos lados del Atlántico; jubilados, desempleados, o empleados cuyos ingresos son bajos (en España conocidos como “mileuristas” pues son personas en cuyo empleo no se superan los 1000 euros de salario al mes) son las condiciones bajo las cuales algunos españoles se lanzan hacia el negocio de las drogas, una condición que en México ya está muy platicada. En España, la coyuntura que permitió la movilización de miles de personas hacia el cultivo de marihuana como forma de vida fue la crisis inmobiliaria disparada en 2008, y es a partir de ese punto que el cultivo de marihuana se encontró como un medio para subsanar la crítica condición económica de algunos ciudadanos.

En pocos años, España ha pasado de destacar como un punto estratégico en el paso de drogas ilegalizadas provenientes de América hacia el resto de Europa, a ser un enclave de producción, de cultivo de marihuana. Gracias a ellos, España es un país que empieza a diversificar su posición frente al tráfico de drogas, para ser un espacio de producción, una producción casi artesanal, pero producción que empieza a suponer áreas de oportunidad para una porción de sus habitantes.

Además de la crisis económica, el aumento exponencial del cultivo de marihuana español  se une  a la regulación por parte de la legislación en Catalunya de los llamados “Coffee shops”, lugares de venta legal de porciones condicionadas de marihuana (hasta 40 gramos mensuales). Su regulación representó la coyuntura que ha estimulado la creciente proliferación de cultivos de la hierba. Justo esta última la parte ilegal de la industria, donde las cocinas, habitaciones, cuartos de lavado de los hogares se convierten (gracias a la venta libre y legal de equipo de climatización, semillas, fertilizantes y precursores biológicos en los Grow Shop) en los escenarios de cultivo y procesamiento de marihuana. Una casa con cuatro habitaciones que albergue  alrededor de 80 plantas de marihuana cada una, tiene la capacidad de generar ganancias cercanas a los 400 mil euros anuales, ganancias que se obtienen entre la venta de semillas a las tiendas que las distribuyen legalmente y la venta del activo para su consumo. La cadena del negocio de la marihuana en España posee retazos legales (la venta de la hierba en los Coffee Shops y la distribución de equipo y semilla en las Grow shops) que se mezclan con actividades ilegales (la siembra, cultivo y suministro de las semillas).

Por otra parte, las maneras de atajar la problemática también tienen sus particularidades en España. Un importante sector agrícola ve en la siembra de marihuana una oportunidad de impulsar a diversas regiones hacia la mejora económica. Aquí se destaca el caso del Proyecto del municipio de Rasquera, una población catalana, en el cual los industriales  de los Coffee y Grown Shops en España y Europa han elevado una petición que proyecta utilizar las hectáreas que años atrás se utilizaban para la siembra y cultivo de olivo y diversos frutos tropicales, hoy inactivos por efecto de la crisis económica, y reactivarlos mediante el cultivo de marihuana, lo cual permitiría reavivar la producción agrícola y la economía de una población que lleva cerca de ocho años con un índice de desocupación del 40ciento, que le permitiría ingresar a la pequeña comunidad de 900 habitantes cerca de 650 mil euros al año. El proyecto con sus avances lentos y diversas dilaciones  hasta ahora sigue aún en un sinuoso proceso,  a pesar de la aprobación de los habitantes para este proyecto que les permitiría pagar la deuda municipal.

Las condiciones de ambos países no solo distan en la estadística, sino que las posturas adoptadas dejan ver importantes brechas en sus nociones ante la problemática del combate al tráfico de drogas y sus consecuencias colaterales. Mientras la noción del país tradicionalmente productor se aferra a convivir con las consecuencias violentas de una anquilosada estrategia antidrogas (México), el país de consumo busca aventajarse a partir de procesos más benévolos y productivos. Mientras en España se están evaluando (y no solo proponiendo) desde los ministerios de gobierno una serie proyectos sustentables basados en la producción de una sustancia ilegalizada como lo es la marihuana, considerándola un área de oportunidad para la reactivación económica; en México seguimos enfrentando el problema  con  cárceles y armas, aunque cada vez con menos resonancia mediática, y  poniendo también  los muertos por delante (aproximadamente 11,000 muertes por la guerra contra las drogas solo en 2014).

Ante este estado de las cosas, los cuestionamientos salen a relucir: ¿Será posible que las instituciones en México puedan virar hacia una visión de las drogas que promueva la sustentabilidad de las comunidades? ¿Estamos a tiempo de que esta visión sostenible  pueda dar resultados en donde lo positivo termine superando al desorden inicial de una posible  regulación? Y sobre todo ¿se puede tomar de ejemplo el caso español, y extrapolarlo a una región (la nuestra) donde el problema del tráfico de drogas obedece a dinámicas tan distantes de las del país ibérico, aunque con necesidades muy similares? De nuevo surge aquí la posibilidad de sufrir las consecuencias de apropiarse forzadamente de una estrategia, sin adaptarse al contexto específico que se vive, el latinoamericano y mexicano. A pesar de ello toda propuesta que promueva fines productivos de las drogas ilegalizadas lucen mejor que cualquier de las estrategias persecutorias que atestan las prisiones e inauguran cementerios.



[1] Doctorante de El Colegio de Sonora