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¿Qué tan autónomos son los organismos autónomos?

Nicolás Pineda.*

Tenemos una fiebre de autonomía. Los nuevos organismos y puestos que se están creando para conformar el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción llevan el calificativo de “autónomos”. Con esto se quiere señalar que ya no serán nombrados de manera discrecional por el gobernante en turno, sino que habrá un proceso de convocatoria y selección de candidatos. Esto es un avance sobre el proceso anterior, pero no garantiza por sí solo la autonomía. Las dificultades para alcanzar la autonomía se han visto claramente en la experiencia de los anteriores organismos autónomos; para muestra ahí están el Instituto Nacional Electoral a nivel federal o la Comisión Estatal de Derechos Humanos a nivel estatal.

Repasemos brevemente cuáles son los nuevos organismos autónomos.

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

El ISAF es ahora una organismo autónomo encargado de la revisión y fiscalización de los estados financieros y cuentas públicas. Antes este instituto dependía de una comisión del Congreso. Para darle autonomía del Poder Legislativo, el auditor mayor, así como otros dos auditores adjuntos, serán nombrados por siete años y podrán ser reelegidos. O sea que podrán durar en el cargo un total de 14 años. Esta semana salió la convocatoria para elegir (o reelegir) a quien será el nuevo auditor mayor. De los solicitantes, el comité ciudadano y la gobernadora propondrán una terna, de entre los cuales el Congreso, por medio de una votación de dos tercios del pleno, elegirá al nuevo auditor y a sus adjuntos. Si todo marcha como está previsto, este nombramiento será hecho en la sesión del 27 de abril.

El Tribunal de Justicia Administrativa

Otro organismo que está siendo rápidamente transformado es el Tribunal de Justicia Administrativa, que sustituye al antiguo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hasta ahora este organismo ha sido oscuro y sus puestos de magistrado han servido para premiar a políticos bien portados. Ahora el TJA será autónomo y su función es dirimir las controversias entre la administración pública y los particulares e imponer sanciones a quienes incurran en faltas administrativas graves. Sus cinco magistrados ahora serán electos por nueve años con posibilidad de reelección. Se trata de nuevos puestos muy apetitosos para los buscadores de posiciones en el presupuesto público.

Nueva Fiscalía General

Por último, el 23 de marzo se aprobó la nueva ley orgánica de la Fiscalía General del Estado. Esta fiscalía sustituye a la anterior Procuraduría General de Justicia y también será autónoma; por ello, ya no dependerá del Ejecutivo del Estado. De acuerdo con la reforma, el actual procurador (dependiente y escogido por la actual gobernadora) permanecerá en su cargo nueve años. Este nuevo fiscal será, además, el jefe de los fiscales especializados —uno contra la corrupción y otro para los delitos electorales— quienes durarán siete años en el puesto. A diferencia de lo que pasó a nivel federal en donde se forzó al Ejecutivo a modificar el procedimiento, en Sonora, en este caso, no hay ni convocatoria ni proceso de selección. Se queda el que ya está.

Reflexión final

Estos cambios son positivos, pero no son suficientes. El problema es que a los corruptos les ha tocado armar el sistema anticorrupción. No hay credibilidad. Hay un fuerte contraste entre el lenguaje de las palabras y el leguaje de los hechos. Persiste la consigna de que mientras no haya hechos significativos, estas reformas y entramado institucional, pueden ser, a fin de cuentas, inoperantes.

*Profesor-investigador en El Colegio de Sonora.