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Sistemas anticorrupción para articular la rendición de cuentas

“La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) constituye el instrumento operativo de las nuevas normas de responsabilidades que requieren ser diseñadas bajo nuevas premisas de denuncia, investigación, sanción, corrección y resarcimiento del daño”, mencionó el doctor José Roldán Xopa en conferencia impartida en El Colegio de Sonora.

El pasado 27 de abril el académico del CIDE participó como conferencista magistral en el 3er Congreso Instituciones, gobierno y sociedad, en donde destacó que la puesta en marcha del SNA plantea uno de los mayores desafíos legislativos en la historia reciente del país, tanto por su dimensión, como por su relevancia.

Agregó que las nuevas normas que regularán el SNA deben ser producto de una política pública completa, articulada y coherente, por lo que deben tener un solo hilo conductor y una visión común en todos y cada uno de sus contenidos con el fin de articular un mejor sistema para la rendición de cuentas.

“El núcleo duro de una política nacional de combate a la corrupción debe estar en la articulación de las normas y de las instituciones destinadas a combatir ese fenómeno, sobre la base de un nuevo sistema de responsabilidades administrativas y penales, con pesos y contrapesos suficientes para evitar la impunidad o el exceso de autoridad”, sostuvo.

Roldán Xopa manifestó que en su personal punto de vista no es correcto incluir al poder legislativo entre las organizaciones que se encargarán de la aplicación del SNA, ya que podría haber intereses políticos de por medio al momento de las designaciones fiscales y otros aspectos.

Añadió que lo interesante es que los consejos ciudadanos no son cautivos de los gremios, sino que hay pluralidad. Los empresarios son esenciales, pero no son los únicos que participan en este ejercicio de fiscalización y vigilancia.

“En mi opinión, cuando se integran los congresos se altera la racionalidad de estos sistemas porque el Congreso tiene a su cargo funciones primarias y secundarias de vigilancia, de fiscalización o de rendición de cuentas. Por lo tanto, se introduce un elemento que va a politizar la integración y el funcionamiento del sistema”, expresó.

El investigador agregó que no existen controles en los estados para frenar los actos de corrupción de los gobernadores, y apuntó que desde el año pasado han aumentado los escándalos de malos manejos por parte de gobernantes en México.

Bajo este enfoque, dijo, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción habrá de establecer las bases para la organización, operación y coordinación del Sistema. Asimismo, habrá de definir competencias y atribuciones para diseñar, poner en marcha, evaluar y reportar a la sociedad sobre los avances de la política nacional anticorrupción.

Comentó que existe la necesidad de encontrar y establecer mecanismos eficaces que permitan el combate, investigación y castigo de la corrupción como un acto que se genera a partir de una red de personas y no de un sólo individuo.

Aseguró que se debe enfatizar  la necesidad de distinguir y encontrar zonas de contacto entre las materias administrativas y penales, ambas necesarias para reducir riesgos de corrupción y sancionar ilícitos.