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FOTO DE LA SEMANA: “Sin título”

La imagen fue capturada por Tania Reyes W.

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Saber leer, escribir y sacar cuentas

Zulema Trejo Contreras*

En toda época siempre se ha requerido cumplir ciertos requisitos para ocupar un cargo en las esferas del gobierno. Obviamente estos requisitos han variado de acuerdo a la época y al cargo al cual aspiraban las personas. Por ejemplo, en el siglo XVII, en la corte de Luis XIV, el Rey Sol, los requisitos para optar a un cargo en las altas esferas del gobierno francés eran tener fortuna propia para asumir los gastos que el empleo ocasionaba, pertenecer a la realeza o a la alta nobleza y tener el favor del rey (en términos actuales diríamos que debían caerle bien al soberano). Por la misma época, en España, el gobierno solía estar en manos de los validos o favoritos, ejemplo de ello son el duque de Lerma y el conde-duque de Olivares, ambos aristócratas que consiguieron que el rey español depositara en ellos su confianza total y les dejara las “manos libres”, diríamos ahora, para gobernar.

Los ejemplos mencionados corresponden a los más altos funcionarios de las dos grandes potencias del siglo XVII, sin embargo, por debajo de ellos existía todo un entramado de funcionarios que se encargaban de mantener en funcionamiento la maquinaria del gobierno. Ellos conocían las leyes, los precedentes e interpretaciones y la forma en que debían aplicarse; sabían cómo funcionaban las finanzas del reino, llevaban los expedientes de los consejos o reuniones y se encargaban de la correspondencia de los soberanos. En suma, eran quienes mantenían funcionando los engranajes de las monarquías.

Estos funcionarios, ¿debían cumplir con algún requisito para ocupar sus cargos? El requisito indispensable para todos ellos era que supieran leer, escribir y sacar cuentas; después de eso ya venían los requisitos específicos, por llamarles de alguna forma, como  estudios de jurisprudencia. En la monarquía española de los siglos XVI y XVII también existieron ciertos puestos que se conocían como vendibles y renunciables, es decir, que podían comprarse de forma vitalicia e incluso, cuando el beneficiario lo deseaba, se podía renunciar al cargo y nombrar a su sucesor.

En la Sonora del siglo XIX existían cargos que tenían un sueldo asignado —como los diputados, el gobernador, vicegobernador, tesorero estatal—. En ocasiones, los prefectos y jueces alcanzaban salario, otras veces las leyes decretaban que éstos no debían recibir pago alguno por su servicio, la mayor parte de las veces tampoco lo recibían los integrantes de los ayuntamientos. Y no lo recibían porque se consideraba que sus servicios al Estado eran una obligación que iba aparejada a los derechos que el mismo Estado les otorgaba. Actualmente vale preguntarse si alguien estaría dispuesto a ocupar algún cargo público sin que este lleve aparejado un sueldo.

*Profesora-investigadora en El Colegio de Sonora.