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Violencia intrafamiliar en Sonora

Germán Palafox Moyers*

La violencia aparece  en nuestras calles, en nuestros hogares, en las escuelas, en los lugares de trabajo. Es un azote presente en todas partes, que desgarra el tejido social comunitario y amenaza la vida, la salud y la felicidad de las mujeres y niñas del estado.

El fenómeno de la violencia y el maltrato en la familia no es un problema reciente sino un asunto que ha permanecido oculto, tolerado y aceptado a lo largo de la historia, sin formar parte del rubro de los graves problemas sociales. Por ello, es imprescindible y fundamental promover políticas concretas, con un enfoque en los derechos de género, que erradiquen la violencia y generen condiciones sociales reales para instaurar la justicia social como lo propone la gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Plavlovich Arellano (Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021).

Es necesario asumir que la violencia familiar no es una situación aislada que se da en el ámbito privado, sino una consecuencia del modo de relacionarnos en lo social y lo cotidiano que parece haberse vuelto habitual y aceptado.

Particularmente, la violencia contra las mujeres y las niñas es resultado de un modo histórico de relaciones donde las víctimas no han sido tratadas como sujetos de derechos.  La violencia en sus múltiples formas constituye una violación de los derechos humanos y se ha tornado visible gracias a las voces de miles de mujeres que desafiaron marcos normativos anacrónicos y la indiferencia social e hicieron públicos ciertos hechos que permanecían silenciados por los muros de la vida privada.

Como problema social, la violencia es de dominio público y merece el compromiso responsable del Estado  que, además de sancionar y contener, debe desarrollar políticas educativas y de promoción de los derechos que abarquen a todos los ámbitos.

La perspectiva de género y la promoción del buen trato, una mirada crítica sobre los procesos de violencia naturalizados en la historia y la gestión de nuevos modos de vinculación en lo social son fundamentales para abordar de manera integral esta problemática.

Observar la violencia de género como problema en la sociedad es fruto de un largo recorrido impulsado a nivel mundial por organismos internacionales y por movimientos de mujeres que han participado en las discusiones sobre erradicación y prevención de la violencia de género, con especial énfasis en los patrones culturales que la originan y la sostienen.

Este proceso permitió que organismos e instituciones públicas tomaran mayor conciencia de la necesidad de dar cuenta de las problemáticas asociadas con la violencia (o las violencias) contra mujeres (niñas, adolescentes y adultas).

Para llevar adelante políticas públicas de largo plazo son necesarios el compromiso y la voluntad política de los funcionarios para apoyar tanto a las afectadas como a las instituciones públicas con recursos financieros, humanos y dispositivos técnicos acordes al problema.

Si bien se han venido realizando  esfuerzos para mejorar el trato a personas víctimas de violencia, también es importante diseñar o fortalecer el marco   institucional (Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) para detonar acciones de atención y prevención. El marco institucional debe sustentarse en un modelo de gestión que permita el desarrollo de políticas públicas y debe contar con un sistema de seguimiento y evaluación de compromisos interinstitucionales. La realidad del estado nos exige un modelo de gestión para prevenir la violencia familiar o doméstica.

El cuadro uno muestra de manera dramática que la violencia familiar se ha estacionado en Sonora como si fuera algo natural y que parece haberse vuelto habitual. Los 2,280 delitos que se cometieron en el 2013 ascendieron en 2014 a 2,352 y en el 2105 a 2,235 delitos contra mujeres y niñas del estado. La situación se agrava en el primer semestre del 2016 cuando de enero a mayo se presentaron 1,461 delitos a nivel estatal y en el mes de junio se  incrementaron en 570 delitos, lo que representa un total de 2,031 en la primera mitad de ese  año. Falta registrar los delitos que se presentarán en el periodo de agosto-diciembre, que seguramente rebasarán los cometidos en años anteriores. En el plano municipal, en los últimos tres años, son cuatro las ciudades que presentan mayor comisión de delitos:  Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado. De estos, Hermosillo es el municipio que merece atención especial debido a que ahí se cometen casi 50 por ciento de los delitos que se registran en el estado, cifra sumamente alta.

 

 Cuadro 1 Violencia Familiar o doméstica en Sonora 2013-2016

DELITO

MUNICIPIO

2013

2014

2015

ENE-MAY 2016

ENERO-JUNIO 2016

MES DE JUNIO 2016

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

AGUA PRIETA

72

50

52

17

31

14

CABORCA

84

80

152

80

116

36

CAJEME

296

362

349

167

265

98

GUAYMAS

34

50

39

13

36

23

HERMOSILLO

1 055

1 046

1 135

691

888

197

HUATABAMPO

24

17

15

46

67

21

NAVOJOA

117

109

110

84

116

32

NOGALES

225

171

136

88

105

17

PUERTO PEÑASCO

43

17

10

22

30

8

SAN LUIS RÍO COLORADO

179

274

115

147

200

53

ESTATAL

2 280

2 352

2 235

1 461

2 031

570

Fuente: elaboración propia con datos de la SSPS

Con estas cifras se puede determinar que se presentan al día, a nivel estatal, 6.4 delitos de violencia doméstica. Por otra parte, Hermosillo presenta 3.1 delitos al día. Es conveniente señalar que son delitos que se denuncian a las autoridades correspondientes, sin embargo, la cifra negra es mucho más que la denunciada. De mantenerse e incrementarse, la violencia doméstica provocará un efecto multiplicador sobre las otras violencias afectando con ello la convivencia, la paz y la felicidad de nuestras familias. Este análisis tiene el objetivo de diseñar políticas con enfoque de derechos y de género que erradiquen la violencia contra las mujeres y con ello reducir la violencia doméstica y por consiguiente las otras violencias.

*Egresado del programa de maestría de El Colegio de Sonora.

Correo economia@guaymas.uson.mx