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Obstaculizan acceso a la justicia ambiental. A tres años del derrame en el río Sonora.

“A tres años de la contingencia, el conflicto aún está latente y las resoluciones de las autoridades judiciales han omitido incorporar aspectos básicos de justicia ambiental y la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de la región”, aseguran María Fernanda Ibarra Barreras y José Luis Moreno Vázquez.

Luego de los acontecimientos ocurridos en agosto de 2014 en torno al derrame de lixiviados de cobre en el río Sonora, procedente de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria del consorcio trasnacional Grupo México, los especialistas realizaron un análisis sobre el caso.

Explican que una parte de la población se ha organizado para defender sus derechos a través de la conformación de los Comités de Cuenca del Río Sonora, otros más optaron por promover demandas de acciones colectivas; sin embargo, se encuentran asuntos pendientes de resolución definitiva.

“Los procedimientos han sido repletos de excepciones dilatorias que han sido avalados por la autoridad jurisdiccional, quien al resolver los recursos, quejas y demás pronunciamientos, ha omitido incorporar algunos de los principios básicos de la justicia ambiental consagrados en el marco normativo, generando la continuidad de la vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de la región del río Sonora” expresan.

Aspectos de equidad procesal permanecen ausentes ante una determinación que niega que se considere a la empresa minera como autoridad responsable, mencionan, pues argumentan que se encuentra subordinada a la concesión minera y a las autoridades administrativas.

Los investigadores agregan que se aprecia como esas mismas autoridades promocionan a la minería como empresas sustentables; cuando dichas determinaciones provocan que los habitantes de las comunidades afectadas se enfrenten a una transnacional, con ganancias de 4,4 millones de dólares diarios, en igualdad de condiciones, sin fungir como contrapeso.

Añaden que los pobladores de las comunidades afectadas se encuentran limitados a ejercer acciones, por encontrarse sujetos a la realización de estudios técnico-científicos sobre el estado de los ecosistemas y los efectos producidos por los impactos ambientales, que por su esencia y el objeto tan diverso de estudio, son evaluaciones multidisciplinarias altamente costosas que no se encuentran a su alcance.

Todo esto, ante una autoridad jurisdiccional que busca causales de improcedencia en las cuales justificar su omisión de analizar el fondo del asunto, que omite pronunciarse en congruencia con este nuevo paradigma, en donde el bienestar de las personas, debería fungir como eje rector, ejerciendo su activismo judicial como una figura de contrapeso que actúe con un sesgo positivo ante la población menos favorecida, afectada por el citado derrame y sus consecuencias.

“Las sanciones más severas conforme a la ley, fueron la suspensión parcial temporal de las operaciones en una parte de las instalaciones de la empresa y una multa de 23 millones de pesos”, destacan.

Ibarra Barreras y Moreno Vázquez, concluyen que en este nuevo paradigma existen cuestiones pendientes, muchas de las cuales se centran en aspectos de desigualdad, que obstaculizan el debido acceso a la justicia ambiental.

El artículo se titula La justicia ambiental en el Río Sonora y puede consultarse en www.reviise.unsj.edu.ar  Vol 10 Año 10 – octubre 2017 -marzo 2018. Argentina. pp. 93-113 | ISSN: 2250-5555 |.