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Violencia política contra las mujeres

Mireya  Scarone*

El pasado 14 de marzo, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en coordinación con organismos electorales y dependencias federales, presentó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

Dicho protocolo establece que la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

El documento precisa que se puede asegurar que la violencia política de género se dirige a una mujer por el simple hecho de serlo, es decir: “Cuando las agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios”.

Una vez aprobado el citado protocolo, el TEPJF resolvió el primer caso en el país, el de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes de San Luis Potosí. El Tribunal Electoral determinó que Pedroza Reyes fue víctima de discriminación, obstrucción de trabajo, ocultamiento de información y trabas en su desempeño debido a su género. Los magistrados federales coincidieron en que la violencia política la ejercieron los mismos compañeros de la magistrada, por lo que se espera que la Suprema Corte de Justicia emita las sanciones correspondientes.

A raíz de esa resolución, el TEPJF ha registrado 38 casos más de denuncias de mujeres de distintos estados, que evidencian claramente situaciones de violencia política de género que afectan la participación política de las mujeres; sin embargo, si consideramos los casos que no se denuncian y que se cobijan en la impunidad que corroe todos los espacios públicos, resulta evidente que los casos denunciados son pocos.

Pese al avance en el país en cuanto a la aplicación de la legislación sobre los derechos políticos electorales de las mujeres, que van desde las cuotas de género hasta la paridad, lo cierto es que existe una subrepresentación de las mujeres en los cargos públicos. Esto, de entrada, revela que existe una desigualdad y discriminación de género en la participación política de las mujeres del país.

La discriminación de las mujeres en su participación política empieza por sus propios partidos políticos y se extiende al sistema político mexicano en su conjunto. Un estudio publicado en 2010 por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) en el que se entrevistó a mujeres legisladoras del PRI, PAN y PRD, incluidas mujeres que ocupan cargos en el CEN de sus respectivos partidos, reveló que 70 por ciento de ellas dijeron que existe discriminación de género en el desarrollo de las labores parlamentarias; 64 por ciento percibía discriminación de género en el ámbito de la estructura de los partidos políticos, y 64 por ciento señaló que es común el acoso sexual a mujeres que desempeñan cargos públicos.

Muchas veces el acto violento se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y los “roles” que culturalmente se asignan a las mujeres. Un ejemplo de ello ocurrió la pasada contienda electoral en el estado de Sonora, cuando aparecieron inscripciones grotescas, insultantes y misóginas, dirigidas evidentemente a Claudia Pavlovich, por entonces candidata priista a la gubernatura. En una manta colocada en el paso peatonal del Boulevard Luis Encinas y calle Américas decía: “Las panochas en las coyotas, no en el palacio”, en tanto que otra rezaba: “Las mujeres como las escopetas… cargadas y en el rincón”. Esta agresión, orientada y planificada contra una mujer, fue muy criticada por los grupos feministas de Hermosillo, pues tenía la intención de degradar y desvalorizar la candidatura y se trataba claramente de un caso de violencia política de género contra una mujer que estaba contendiendo electoralmente.

La discriminación hacia las mujeres en su participación política se traduce en una dificultad para promover candidaturas femeninas, por lo que las prácticas discriminatorias y de violencia deben analizarse desde un enfoque de género para explicar las relaciones desiguales de poder en las organizaciones partidarias y políticas que se asumen como ámbitos de actuación masculina.

*Doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de SonoraMisca77@hotmail.com; mscarone@industrial.uson.mx