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La imagen fue capturada por Alejandro Navarro.

Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

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Conflictos socioambientales y consulta indígena

José Ignacio Delgado Zepeda*

A veces perdemos de vista que los conflictos socioambientales son conflictos políticos, esto es, que como sociedad no tenemos conflictos con la naturaleza sino por la naturaleza. No siempre que surge alguna situación adversa con la naturaleza (sequias, inundaciones, etcétera) aparece un conflicto socioambiental, para que este se dé, debe existir una conciencia de riesgo, un desacuerdo entre por lo menos dos partes, y un espacio y/o recurso ambiental en disputa. Cabe señalar entonces, que se trata de conflictos meramente humanos y de ahí su carácter político, se circunscribe a la esfera del interés público.

En la mayoría de los casos, se trata de imponer alguna manera de acceso, uso o disfrute de bienes comunes, sin embargo, para algunas personas el acceso y uso de esos bienes comunes representa la posibilidad de su supervivencia y reproducción cultural. Los conflictos socioambientales no tratan solo del destino de un río, un bosque o un desemboque; se trata también de las posibilidades de autodeterminación de quienes los tienen como espacio vital, de las prácticas culturales vinculadas a ese entorno y las relaciones sociales que se producen ahí. Ahora, cuando hablamos de pueblos indígenas y de los conflictos socioambientales que han caracterizado su historia, éstos aparecen en una forma especifica: el despojo.

Los altos precios de algunas materias primas como el petróleo, metales y maderas han llevado a los países llamados en desarrollo a una reprimarización de sus economías, favoreciendo el extractivismo como estrategia de desarrollo. Esto ha agudizado los conflictos socioambientales y el despojo de los bienes comunes de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en favor de la acumulación de capital industrial, particularmente en los países desarrollados.

En este contexto, las consultas a comunidades afectadas por proyectos que modifican su entorno son una herramienta jurídica y social de gran relevancia para evitar la imposición de los más fuertes (que suelen ser los poseedores del capital y el poder político) y limitar la agudización de las condiciones de exclusión del resto.

Una consulta debe cumplir con tres principios básicos: ser informada, esto es, que se debe contar con elementos de decisión acerca de los beneficios y posibles afectaciones del proyecto; ser libre y pública, lo que implica que la decisión debe tomarse sin coacción de ningún tipo y sujeta a las prácticas internas de la comunidad; y debe ser previa, es decir, realizarse antes de que exista algún tipo de afectación derivada del proyecto.

Esta oportunidad significa abrir espacios de decisión cuando se trata de proyectos de infraestructura que tienen implicaciones tanto para pueblos indígenas como para comunidades campesinas y urbanas. Más de cien organizaciones civiles e instituciones públicas de todo el país han conformado una misión civil de observación para la consulta Yaqui, con el fin de establecer precedentes para otros casos. Igualmente, para vigilar que esta consulta se apegue a estándares internacionales, especialmente a los dispuestos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por México. Para más información acerca de la Misión Civil de Observación a la consulta a la tribu Yaqui, puede visitar la siguiente vínculo:

http://observacionconsultayaqui.wordpress.com

*Sociólogo, maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Asistente de investigación en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad de El Colegio de Sonora. Correo electrónico: jdelgado@colson.edu.mx