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La imagen fue capturada por Ana Rosa Sánchez.

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Alerta de papel

Elsa Ivette Jiménez Valdez*

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) constituyó un avance importante en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres en México. Esta legislación, aprobada en 2007, es la primera en Latinoamérica que integra la perspectiva de género. También incorpora elementos del derecho internacional e incluye aportaciones relevantes como son el concepto de violencia feminicida y el mecanismo conocido como Alerta de Violencia de Género (AVG). En aquel momento, después de que el país sufriera el escrutinio internacional por su actuación negligente y misógina frente a los feminicidios en Ciudad Juárez –que le valió una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos–, pensábamos que el Gobierno mexicano estaba en vías de reivindicarse.

En la práctica las cosas han sido distintas. La aprobación de la Ley coincidió con el incremento exacerbado de la violencia en el país, producto de la guerra contra el narco, contexto que provocó que la violencia contra las mujeres se incrementara exponencialmente. Estudios sobre el tema evidencian que más mujeres han sido asesinadas, principalmente por sus parejas y ex parejas; que muchos de estos delitos se realizan con armas de fuego, y que éstos se realizan de maneras cada vez más atroces. A esto hay que sumar la violencia sexual, que se ejerce contra mujeres en espacios públicos y privados, y la desaparición de adultas y niñas con fines de trata.

Para detener tal violencia, grupos de mujeres han luchado para que se declare la AVG en varios estados del país. Activar este mecanismo implica reconocer que hay un contexto de violencia exacerbada contra las mujeres y que la magnitud de esta violencia está vinculada con la permisividad social y con al fallo de las autoridades encargadas de combatirla.[1] Al declarar la Alerta, las autoridades están obligadas a: 1) dar a conocer los municipios que integran la alerta y las razones por las que ésta se emite; 2) elaborar reportes que permitan conocer las características de la violencia y generar indicadores que permitan monitorear la efectividad de las medidas implementadas; 3) establecer acciones coordinadas entre las distintas secretarías y dependencias en los tres niveles; 4) garantizar el acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas, sancionar a los culpables, incluyendo a las autoridades omisas, y reparar el daño conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 5) asignar recursos económicos suficientes para culminar las acciones que se emprendan, y 6) generar políticas públicas que eviten que se cometan delitos contra las mujeres.

Hasta junio del año pasado se habían activado alertas en diez estados. Un diagnóstico de la CNDH sobre el proceso indica que, si bien las alertas han servido para visibilizar el problema, falta diseñar y ejecutar políticas públicas con perspectiva de género y con presupuestos asignados.[2] La valoración de las organizaciones feministas y los medios de comunicación es contundente: la violencia no se ha frenado, por el contrario, en varios estados va en aumento y la actuación de las autoridades sigue siendo negligente y revictimizante. Las AVG no se pueden quedar en el papel o en una declaración de buena voluntad. Urge tomar conciencia de la gravedad del problema para salvaguardar los derechos de niñas y mujeres, quienes somos, por cierto, mitad de la población.


*Maestra en Ciencias Sociales, maestra en Derechos Humanos y Paz, especialidad en políticas públicas y justicia de género. Académica de ITESO.

[1] La mayoría de las alertas de género en el país se han solicitado por este motivo. La otra razón que establece la Ley para activar la alerta es por agravio comparado, que se refiere a la existencia de una ley que discrimine a las mujeres. En Guanajuato y Veracruz se ha solicitado activar la alerta por este motivo, pues la penalización del aborto afecta, sobre todo, a mujeres y mujeres pobres o indígenas principalmente.

[2] CNDH, sf. Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.