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La imagen fue proporcionada por Cristina Martínez Rascón

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El transporte capturado por los concesionarios

Nicolás Pineda*

Nuevamente comienza el estira y afloja entre los concesionarios del transporte y el Gobierno del estado por el aumento de la tarifa. Nuevamente el gobierno no va a poder aplicar sanciones ni cancelar concesiones y se verá obligado a ceder. Nuevamente, los concesionarios van a conseguir que se aumente la tarifa y que los consuelen con el subsidio. Es una película que ya hemos visto y que ahora se repite nuevamente. ¿Qué cambios podrían hacerse para evitar este conflicto que se repite?

La evolución de la política de transporte público

La política de transporte urbano de pasajeros en el estado no ha dejado de evolucionar y tener cambios. En los últimos treinta años, se han intentado varias configuraciones y no se ha logrado llegar a un equilibrio.

Antiguamente el servicio era regulado por el Ayuntamiento. Luego se le transfirió al gobernador del estado para que otorgara concesiones. Cuando hubo conflictos, el gobernador transfirió la autorización de tarifas al Congreso del Estado y la vigilancia de la calidad al Ayuntamiento. Luego desaparecieron los concesionarios individuales y se creó una empresa que integraba todas las concesiones. Además se creó un Consejo ciudadano encargado de la tarifa. También se introdujo la tarjeta y los pasajes gratuitos a estudiantes y población vulnerable. Ahora los concesionarios demandan subsidios y paran el servicio si no les cumplen.

Parece una historia en la que unos a otros se avientan la papa caliente sin que logre resolverse. No se ha encontrado la fórmula de equilibrio entre gobierno, concesionarios y usuarios. Al contrario, parece que el problema se hace cada vez más complejo.

En teoría, el Gobierno del estado representa los intereses de los usuarios, otorga concesiones y regula la tarifa y calidad del servicio; si los concesionarios no cumplen, se les sanciona y se les puede retirar la concesión.

En la práctica, dichas sanciones y cancelaciones no se pueden aplicar porque los concesionarios hacen paro y se crea un caos en la ciudad.

El resultado es que los concesionarios tienen capturado el servicio y dominan la política. El gobierno sólo amenaza, pero no puede hacer gran cosa. Con el marco institucional actual no se va a resolver el problema, se requiere cambiarlo, es decir, cambiar las reglas del juego.

Opciones de cambio: privatización o estatización

Hay dos soluciones extremas: la privatización total y la estatización total. También se pueden hacer combinaciones.

En la privatización, el gobierno otorgaría concesiones y regularía los mínimos de calidad del servicio, pero no las tarifas. Los transportistas serían libres de manejar el precio. Además, se multiplicarían los prestadores del servicio y las opciones de transporte para los usuarios. Se supone que la competencia y el mercado propiciarían un equilibrio entre precio y calidad. Así funcionan los autobuses interurbanos y las aerolíneas, por ejemplo. Para no descobijar a los estudiantes y grupos vulnerables, el gobierno local u otras entidades (como universidades, empresas o Sedesol) podrían otorgar vales o tarjetas para subsidiar directamente a los grupos objetivo, sin tener que darles el dinero a los concesionarios.

En la estatización, el gobierno crearía una empresa pública que sería la única prestadora del servicio de transporte que controlaría la calidad y el precio. Es así como funciona el Metro de la Ciudad de México. Esta opción permitiría subsidiar directamente a los estudiantes y grupos vulnerables. La desventaja es que tendería a burocratizarse y a ser una carga para el presupuesto público.

¿Cuál le gusta? ¿Cuál tiene más probabilidad de funcionar? Por supuesto, existen otras opciones intermedias diferentes de la actual.

*Profesor-investigador en El Colegio de Sonora.