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FOTO DE LA SEMANA: “Encandilada”

La imagen fue capturada por Jesús Morales.

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Sexto Informe de Gobierno: el reto de (re)conciliar la macro y la microeconomía

Liz Ileana Rodríguez Gámez*

El Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto invita a realizar un balance de su gestión. Para ello, debemos remitirnos al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, documento que contiene los objetivos, estrategia y prioridades del desarrollo, así como la política global, nacional, sectorial, regional y “especial” para la programación y presupuestación del plan y la consecución de sus metas. Es precisamente sobre las metas establecidas que debemos evaluar el desempeño del Ejecutivo; para ello, el reciente informe ofreció los indicadores de seguimiento al cumplimiento de cada meta. Estos son aspectos positivos e innovadores del plan y del informe, que se habían omitido del proceso de planeación en México desde que ésta se decretó como obligatoria en 1983.

Así, en el plan se estableció “hacer de México una sociedad de derechos”, es decir, consagrar los derechos económicos, sociales y culturales de la Constitución y llevarlos a la práctica. Lo anterior significa que el Estado debe garantizarle a cada mexicano su derecho al desarrollo así como el acceso a la justicia. Por lo tanto, el desarrollo nacional depende, en buena medida, de la capacidad que tengan las instituciones para garantizar los derechos y las expectativas sociales en la construcción del bienestar y la dignidad de las personas y las sociedades.

En materia económica la meta de un “México próspero–que eleve el crecimiento y que éste se refleje en los bolsillos de los mexicanos– y de un “México incluyente –en donde se asegure el ejercicio efectivo de los derechos sociales– son dos procesos que deben converger. En consecuencia, se deben orientar las acciones de gobierno hacia la (re)conciliación de la macro y la microeconomía, desafío monumental pero indispensable tras décadas de desencuentros entre el interés público-privado y el interés social.

En términos macroeconómicos los logros fueron significativos, especialmente cuando se hace una comparación transexenal. Crecimiento y finanzas públicas sanas han sido los pilares de la estabilidad económica, la cual se privilegió a costa de programas e inversiones sociales. Sin embargo, la política económica no logró, conforme a las metas previstas, aumentar la productividad de la economía, disminuir la informalidad, incrementar el empleo a mayores tasas y, entre otros aspectos, generar empleos de calidad, con salarios justos y esquemas de seguridad social para todos los mexicanos.

Por otro lado, la política social se orientó a reducir los indicadores de pobreza extrema, siendo éste uno de los logros del sexenio pero, paradójicamente, no le aseguró al individuo sus derechos económicos y sociales básicos: la sociedad se polariza y el gobierno no implementa medidas contra la desigualdad y la concentración del ingreso. Por ejemplo, la participación de los asalariados en el PIB es la misma que en 1994 (28.9 por ciento), mientras que los no asalariados (empresarios) obtienen ingresos equivalentes al 71.1 por ciento del PIB. Además las acciones de gobierno no consiguieron, entre otras metas, combatir la malnutrición y la obesidad infantil, reducir la mortandad infantil, materna, por cáncer de mama y cervicouterino, por accidente de tráfico o riesgo laboral. Tampoco se consiguió aumentar la cobertura de vacunación de niños menores de un año, incrementar el acceso a los servicios de salud o elevar el índice de surtimiento completo de las recetas médicas.

Por ello, el balance económico del sexenio evidencia la ruptura entre la macro y la microeconomía: las políticas y la gestión del gobierno de Enrique Peña Nieto consiguieron un crecimiento económico sostenido pero no incluyente. La tarea en materia económica para el próximo gobierno y que debe plasmarse en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es clara: lograr un crecimiento económico inclusivo.

*Profesora-investigadora en El Colegio de Sonora.