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FOTO DE LA SEMANA: “Lotería”

La imagen fue capturada por Jesús Morales.

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El orden institucional que viene

Alvaro Bracamonte Sierra*

Vibrantes los acontecimientos que se registran en la coyuntura previa a la toma de protesta de AMLO como presidente de México. Revisemos algunos de los más relevantes. Sin faltar las naturales tensiones, los diputados y senadores aprobaron cambios sustanciales a la Ley de la Administración Pública Federal. Entre los temas más polémicos contenidos en la nueva normatividad está la figura de los delegados o superdelegados, como erróneamente han sido etiquetados.

Esta figura ha sido cuestionada por varios gobernadores, especialmente por los de Jalisco y Chihuahua. Los mandatarios de extracción panista pidieron incluso eliminarla pues, según ellos, atenta contra la soberanía estatal. En realidad no se pone en entredicho ese atributo; lo que se ha generado es una confusión que a simple vista deriva de las nuevas facultades que tendrán los delegados. Estos coordinarán a los otros delegados, que ahora serán representantes, con el propósito de que las inversiones y apoyos federales los reciban quienes hayan sido favorecidos. Probablemente en esto reside la duda o temor de los gobernadores. Hasta ahora había sido una práctica común que esos funcionarios, que en Sonora suman 45, fueran designados mediante arreglos o compromisos del Ejecutivo estatal en turno. Son una extensión del mandatario local y no una auténtica representación del gobierno federal; en ese tenor, respondían más a los intereses del Ejecutivo estatal y menos al federal.

Eso es precisamente lo que cambiaría con la reestructuración que experimentarán esas instancias gubernamentales. Ahora el delegado general representará al presidente de la República y tendrá la responsabilidad de coordinar oficialmente las representaciones de las dependencias federales que operan en la entidad. Coordinarse con los funcionarios estatales sería un plus que eficientaria la aplicación y monitoreo de las políticas públicas. Quizá es lo que no gusta a muchos gobernadores, aunque eso es politiquería y no un asunto violatorio de la soberanía estatal.

Hay varios temas en los que urge esa eficiencia. Pensemos, por ejemplo, en los recursos que se van a comprometer en los programas sociales del nuevo gobierno. Uno de ellos, el de apoyo a los adultos mayores de 68 años, implica un incremento del monto superior al doble de lo que actualmente reciben y un aumento, además, del número de beneficiarios, habida cuenta de que será universal, pues todos tendrán derecho a esa ayuda, independientemente de si la necesitan o no.

En Sonora, de acuerdo con los números que se han dado a conocer a través de la prensa, el gasto ejercido en ese programa se incrementaría notablemente. Hasta 2018 se aplicaban alrededor de 1 800 millones de pesos. Desde el primero de enero se aplicarán más de 8 000 millones; es decir, cuatro veces más. Para dimensionar lo que significa esa cantidad, pensemos que la propuesta de presupuesto de la entidad para 2019 es de 68 000 millones de pesos; quiere decir que sólo en el referido programa, el gobierno federal está comprometiendo una cifra que representa el 12% del presupuesto de egresos del estado para todo el año.

Otro cambio es el que tiene que ver con el ramo 23. Hasta ahora esa partida federal se aplicaba habitualmente en proyectos promovidos por los alcaldes o gobernadores mediante gestiones especiales que hacían con los diputados. Al respecto, el coordinador de los legisladores morenistas en San Lázaro subrayó que esa clase de negociaciones se acabará y ha solicitado a los funcionarios locales abstenerse de esas gestiones y a los legisladores a eliminar tales prácticas, que irían en detrimento de la austeridad republicana que intentan instaurar.

De prosperar esta recomendación, es de esperarse que los “moches” queden como un mal chiste. Recordemos que esa partida era la fuente de corruptelas, pues los diputados cobraban un porcentaje por sus gestiones a proyectos de infraestructura. Qué bien que así ocurra, ya que ello evitará la insana rutina en la que incurrían los legisladores: gestionar en lugar de legislar.

*Profesor-investigador en El Colegio de Sonora.